Se designarán (o renovarán) todas las responsabilidades.
1) Responsable de organización.
2) Responsable de feminismo.
3) Responsable de comunicación.
4) Enlace con la coordinación provincial. 2 enlaces, una mujer y un hombre
Se designarán (o renovarán) todas las responsabilidades.
1) Responsable de organización.
2) Responsable de feminismo.
3) Responsable de comunicación.
4) Enlace con la coordinación provincial. 2 enlaces, una mujer y un hombre
La polarización política actual ha llevado a una exacerbación de los discursos sobre seguridad, donde ciertos sectores han instrumentalizado este concepto para promover agendas ideológicas particulares. En este contexto, ha surgido una visión distorsionada de la seguridad que presenta al Estado como un mero guardián de los intereses de unos pocos, en detrimento de los derechos y las necesidades de la mayoría.
En la lógica de ciertos sectores conservadores, la seguridad se reduce a la protección de la propiedad privada, a costa de los derechos de los más vulnerables. Esta visión, que podríamos denominar "policial del derecho", presenta a la sociedad como un campo de batalla eterno entre los que tienen y los que no tienen.
En este marco, los inmigrantes, los desposeídos y cualquier grupo social en situación de vulnerabilidad son señalados como la causa de todos los males. Se les atribuye la responsabilidad de los problemas sociales, económicos y culturales, convirtiéndolos en chivos expiatorios. De esta manera, se desvía la atención de las verdaderas causas de la inseguridad, como la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades.
Esta narrativa, que busca generar miedo y polarización, construye un "enemigo interior" al que hay que combatir. Los inmigrantes, los pobres, los disidentes políticos son presentados como una amenaza para la sociedad, justificando así políticas represivas y autoritarias.
Esta estrategia, además de ser profundamente injusta, es contraproducente. Al criminalizar a ciertos grupos sociales, se fomenta la división y el odio, lo que a su vez puede generar más violencia y conflicto.
La seguridad es un bien común que debe garantizar la vida, la libertad y la integridad de todas las personas, sin distinción. Un Estado de derecho genuino no se limita a proteger los intereses de unos pocos, sino que trabaja para crear las condiciones necesarias para que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida.
La seguridad, en este sentido, implica la creación de un entorno social justo y equitativo, donde todas las personas tengan acceso a oportunidades y recursos. Implica la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, que son, en última instancia, las principales causas de la inseguridad.
Un Estado que prioriza la seguridad de la propiedad privada por encima de los derechos de las personas corre el riesgo de convertirse en un Estado policial. Un Estado policial es aquel que utiliza la fuerza de manera desproporcionada para reprimir la disidencia y mantener el orden social. Este tipo de Estado, lejos de garantizar la seguridad, la socava, ya que genera un clima de miedo y desconfianza.
La visión policial de la seguridad, que presenta al Estado como un mero guardián de los intereses de unos pocos, es una perversión de este concepto y debe ser rechazada. La seguridad es un bien común que debe ser garantizado para todas las personas, sin distinción.
Para construir sociedades más seguras y justas, es necesario abordar las causas profundas de la inseguridad, como la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Asimismo, es fundamental promover el diálogo, la tolerancia y el respeto a la diversidad.