la Zona Azul de Matalascañas nació ilegal.
La noticia publicada hoy por Huelva24 es demoledora. La Junta de Andalucía ha confirmado que el decreto firmado por el alcalde, Paco Bella, para poner en marcha la ORA era contrario a la legalidad. No es una opinión de la oposición, ni una interpretación interesada; es una resolución de la administración autonómica que pone en evidencia la gestión del Ayuntamiento.
¿Qué es lo que nos han estado ocultando?
La ilegalidad del Decreto: El alcalde intentó saltarse el Pleno —el lugar donde reside la soberanía democrática— para imponer la Zona Azul por decreto. La Junta ha sido clara: eso no se puede hacer. Se requiere la aprobación de una ordenanza en el Pleno.
El "Segundo Decreto" fantasma: Quizás lo más grave sea que, mientras Paco Bella nos pedía calma en los plenos, él mismo había dictado otro decreto el 14 de mayo para dejar sin efecto el primero, reconociendo implícitamente su ilegalidad. ¿Por qué se ocultó este hecho a la oposición y a los vecinos?
La manipulación sobre el TARCJA: Durante días, el equipo de gobierno ha asegurado que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARCJA) había avalado su Zona Azul. Es mentira. El Tribunal únicamente inadmitió un recurso por una cuestión técnica (legitimación), sin entrar nunca a valorar si la Zona Azul era legal o no. Usar esa inadmisión como un "triunfo" ha sido una burda manipulación de la información pública.
¿En qué situación estamos? Hoy, la Zona Azul sigue siendo un proyecto sin respaldo legal, sin ordenanza aprobada y bajo la sombra de la ilegalidad. El alcalde ya ha anunciado que llevará la ordenanza a pleno tantas veces como haga falta hasta que consiga aprobarla.
Desde Podemos Almonte lo tenemos claro: la solución a los problemas de movilidad de Matalascañas no puede nacer de un proceso viciado, ocultista y que desprecia la legalidad. No se puede construir un proyecto sostenible sobre unos cimientos podridos.
No permitiremos que Paco Bella utilice el asfalto como rehén para imponer un negocio privado. Seguiremos exigiendo transparencia y, tal y como propone la Asociación de Propietarios, apoyaremos que se llegue hasta el final, incluso en la Fiscalía si es necesario.
La política municipal no es un cortijo. La ley está para cumplirse, no para ignorarla cuando no encaja con los intereses del gobierno de turno.
