los ancianos sí tenían un seguro, y la decisión de negarles el traslado a hospitales públicos refleja una motivación ideológica y punitiva contra quienes confían en la sanidad pública:
El castigo a los ancianos con seguro público: una decisión deliberada
La exclusión de los ancianos en residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de COVID-19, bajo la gestión de Isabel Díaz Ayuso, no solo es una tragedia humana, sino también una muestra clara de cómo las decisiones políticas pueden estar cargadas de una intencionalidad ideológica. Los mayores sí tenían un seguro, y no cualquiera, sino el mejor seguro posible: el colectivo de la sanidad pública. Sin embargo, se les negó el acceso a los hospitales públicos, revelando una lógica de castigo contra aquellos que confían en el sistema público en lugar de recurrir al seguro privado.
1. La sanidad pública: el mejor seguro colectivo
El sistema de sanidad pública en España es un modelo reconocido internacionalmente por su universalidad, equidad y eficiencia. Este seguro colectivo, financiado por todos mediante impuestos, garantiza el acceso a la atención sanitaria independientemente de la situación económica, la edad o el estado de salud de cada ciudadano.
-
Un derecho garantizado: Los ancianos en las residencias no eran personas sin cobertura sanitaria; al contrario, estaban completamente protegidos por el sistema público. La exclusión de estos mayores no se debió a la falta de recursos, sino a una decisión deliberada de quienes gestionaban la sanidad en Madrid.
-
Recursos más amplios que el sector privado: La sanidad pública dispone de una red de hospitales y profesionales con mayor capacidad que cualquier sistema privado. A pesar de la presión por la pandemia, era posible priorizar derivaciones, cuidados paliativos y atención médica en centros públicos. Negar este derecho fue una decisión política, no logística.
2. La decisión de negar el traslado: un escarmiento ideológico
El protocolo que impidió la derivación de ancianos a hospitales públicos tiene una explicación que va más allá de la saturación hospitalaria o las limitaciones del sistema: fue un acto punitivo hacia los mayores que, al confiar en el sistema público, desafiaban la narrativa individualista y privatizadora defendida por la gestión de Díaz Ayuso.
-
El mensaje del "sálvese quien pueda": Al excluir a quienes no tenían seguro privado, se reforzó la idea de que solo quienes pagan de su bolsillo (o a través de seguros privados) merecen acceder a la mejor atención sanitaria. Esto contradice los principios de universalidad y solidaridad de la sanidad pública y envía un mensaje implícito: depender del sistema público es un error, y quienes lo hacen deben atenerse a las consecuencias.
-
Castigar la confianza en lo público: Este acto de exclusión no fue solo un abandono de los más vulnerables, sino un castigo simbólico a toda una generación que defendió y confió en el modelo público de sanidad. Negarles el acceso a hospitales públicos es una forma de desprestigiar y deslegitimar ese modelo frente al seguro privado.
3. La ideología detrás de la exclusión
La gestión de la pandemia por parte de Isabel Díaz Ayuso ha estado marcada por una lógica neoliberal que busca debilitar los sistemas colectivos en favor de la privatización. Este enfoque no es casual, sino una estrategia que promueve la idea de que los servicios públicos son insuficientes, ineficientes y, en última instancia, prescindibles.
-
Fomentar el seguro privado: Al excluir a los ancianos sin seguro privado, se alimenta la percepción de que solo quienes tienen capacidad económica para pagar un seguro privado podrán acceder a atención de calidad en situaciones críticas. Esto refuerza la narrativa de que la sanidad pública no es suficiente, abriendo la puerta a mayores procesos de privatización.
-
Desmantelar la confianza en lo público: Las políticas de exclusión contribuyen a minar la confianza de la ciudadanía en el sistema público. Cuando este falla de forma deliberada, como ocurrió con los mayores en residencias, se justifica la necesidad de buscar alternativas privadas.
4. Las consecuencias humanas de una decisión política
La exclusión de los mayores no fue una cuestión de gestión técnica, sino una decisión política cargada de consecuencias devastadoras:
-
Abandono en el momento de mayor vulnerabilidad: Los ancianos no solo murieron, sino que lo hicieron sin atención hospitalaria, sin cuidados paliativos adecuados y en condiciones indignas. Muchos fallecieron ahogándose y en soledad, una situación que podría haberse evitado.
-
Erosión de los derechos colectivos: Al negar el traslado, se vulneraron los derechos fundamentales de los mayores a recibir una atención sanitaria que ya habían contribuido a financiar durante toda su vida. Este acto desmantela el contrato social sobre el que se construye el sistema público.
5. Alternativas viables que se ignoraron
La tragedia podría haberse evitado o, al menos, mitigado si se hubieran tomado decisiones más éticas y centradas en la dignidad humana:
-
Uso prioritario de la red pública: La sanidad pública contaba con la capacidad suficiente para atender a estos mayores, si se hubieran priorizado recursos y personal hacia los hospitales públicos.
-
Refuerzo de los cuidados paliativos: En lugar de dejarlos morir en condiciones indignas, se podrían haber habilitado equipos móviles de cuidados paliativos para garantizar que nadie falleciera sin atención.
-
Planificación anticipada: La pandemia no fue inesperada. La falta de preparación y previsión, especialmente en las residencias, no es excusable, y las autoridades tenían la responsabilidad de actuar con antelación para evitar estas situaciones.
6. Un acto deliberado de desigualdad
El hecho de que los ancianos tuvieran el mejor seguro, la sanidad pública, y aún así se les negara el traslado a hospitales públicos, no tiene otra explicación que un acto deliberado de discriminación y castigo ideológico. No fue un fallo del sistema, sino una decisión política que refleja una visión donde la vida de los más vulnerables es sacrificable en aras de una agenda privatizadora.
Conclusión
Los ancianos no murieron porque no tuvieran seguro; murieron porque quienes gestionaban la sanidad en Madrid decidieron castigarlos por no haber apostado por el seguro privado. Esta tragedia no solo es un fracaso ético y político, sino también un ataque directo a los principios de universalidad y equidad que sostienen el sistema público de salud. Es un recordatorio de que, en tiempos de crisis, las decisiones políticas no son neutras y reflejan las prioridades y valores de quienes las toman.
