Cuando exist铆a el servicio militar obligatorio, quien se declaraba objetor de conciencia deb铆a realizar una prestaci贸n social sustitutoria. No solo era m谩s larga que la mili, sino que adem谩s implicaba un esfuerzo a帽adido: el Estado entend铆a que la objeci贸n era una excepci贸n justificada por convicciones profundas, no un atajo para escaquearse.
Hoy, en cambio, vemos a m茅dicos que se declaran objetores para no practicar abortos en la sanidad p煤blica… pero que luego los realizan sin reparos en sus consultas privadas. En la p煤blica alegan “conciencia”. En la privada, “tarifas”. Su conciencia, al parecer, tiene cuenta bancaria.
Esto no es objeci贸n: es negocio. Es una forma de usar la moral como coartada para restringir derechos a las mujeres mientras se lucran en paralelo. Y el da帽o no es menor: la falta de profesionales dispuestos a practicar interrupciones voluntarias del embarazo en los hospitales p煤blicos obliga a muchas mujeres a desplazarse, pagar o renunciar a un derecho reconocido por ley.
La objeci贸n de conciencia no puede ser un privilegio selectivo. Si alguien se opone por motivos 茅ticos, debe hacerlo en todos los 谩mbitos, tambi茅n en la privada. De lo contrario, no estamos ante una cuesti贸n de principios, sino ante un doble rasero con precio.
El derecho al aborto no se negocia ni se subcontrata. Se garantiza.
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