Inspección de habitabilidad de viviendas.

Análisis del segundo punto del pleno del 20 de junio de 2024: Inspección Técnica de Viviendas.

¿Cuánto cuesta hacer una Inspección Técnica de Edificios y quién la paga? 

El precio dependerá de los honorarios de cada técnico. Por lo general el precio medio de una Inspección Técnica de Edificios, está por los 500 euros, aunque dependerá de la superficie de la finca y el inmueble. En edificios muy grandes puede oscilar sobre los 3.000 euros.

El propietario del inmueble o la Comunidad de Propietarios son los que deben hacerse cargo del coste

ITEs de viviendas unifamiliares

Dependiendo de la superficie de la vivienda suele rondar los 200 euros en adelante.

El alcalde de Almonte, P. Bella, ha impuesto una obligación a los propietarios de viviendas en la que se les exige un certificado de habitabilidad, aislamiento térmico, estructura y otras consideraciones que se le han ocurrido. Para ello, los propietarios deberán contratar los servicios de un arquitecto o aparejador.

Si nuestra casa no cumple alguno de los requisitos, se nos instará a realizar las obras necesarias. Quienes no las realicen serán multados. Dada esta obligación impuesta por el alcalde, es muy posible que algunos propietarios no puedan afrontar estos costes.

Todo esto se llevará a cabo de mayor a menor antigüedad, dividiendo a los afectados para evitar protestas multitudinarias. Este alcalde se inmiscuye en nuestras casas, dictándonos cómo debemos vivir.

¿Qué opinará un afectado por estas decisiones arbitrarias de tirano viejo? Es probable que tenga una opinión bastante negativa al respecto. Las siguientes reacciones y preocupaciones podrían surgir:

1. Indignación y Resentimiento Profundos: Los propietarios pueden sentirse indignados y resentidos porque el alcalde está imponiendo reglas que afectan directamente sus hogares y su vida diaria. Sentirían que sus derechos están siendo violados y que se les está diciendo cómo deben vivir. En resumen, podría decirse que “se le ha subido el cargo a la cabeza”.

2. Preocupación Económica: La obligación de obtener diversos certificados y, en caso de incumplimiento, realizar obras de mejora, puede suponer un coste económico significativo. Esto podría ser especialmente problemático para aquellos propietarios con recursos limitados, quienes podrían tener dificultades para financiar estas mejoras. Además, el alcalde parece extralimitarse en sus funciones, lo que genera preocupación sobre futuras decisiones.

3. Sensación de Injusticia: Al dividir a los afectados para evitar protestas multitudinarias, el alcalde puede ser percibido como alguien que está tratando de sofocar la oposición de manera calculada y deshonesta. Esto genera una sensación de injusticia y traición entre los propietarios, quienes sienten que sus preocupaciones están siendo deliberadamente ignoradas.

4. Falta de Comprensión o Justificación: Si las medidas no están justificadas, los propietarios pueden no entender la necesidad de estas exigencias. Podrían sentir que las decisiones del alcalde no tienen una base sólida o que no se han considerado las implicaciones prácticas y financieras para los residentes.

5. Desconfianza en el Gobierno Local: Estas medidas pueden erosionar la confianza de los propietarios en el gobierno local. Comienzan a cuestionar la legitimidad de las decisiones del alcalde y la transparencia de sus intenciones. La desconfianza puede extenderse a otros aspectos de la administración local, generando una atmósfera de sospecha y descontento general.

5. Sentimiento de Abandono: Aquellos que no puedan costear las mejoras pueden sentirse abandonados y desprotegidos por el gobierno local. Pueden percibir que se les impone una carga imposible sin ningún tipo de apoyo o consideración hacia su situación económica y personal.

6. Protestas y Resistencia: Es posible que los propietarios afectados se organicen para protestar contra estas medidas. Podrían buscar apoyo entre vecinos, acudir a los medios de comunicación locales o incluso tomar acciones legales si consideran que sus derechos están siendo vulnerados. A pesar de que el alcalde intente dividir a los afectados, es probable que estos busquen formas de unirse y expresar su descontento. Podrían organizarse para protestar, buscar apoyo en los medios de comunicación o incluso iniciar acciones legales si consideran que sus derechos están siendo violados.

En resumen, un afectado vería estas medidas como un abuso de poder por parte del alcalde, generando indignación, resentimiento y una profunda sensación de injusticia. La imposición de estas obligaciones, especialmente con la amenaza de multas, podría ser vista como un acto tiránico que ignora las realidades económicas y sociales de los propietarios.