viernes, 13 de septiembre de 2024

La Perversión de la Seguridad: Una Crítica a la Visión Policial del Derecho

 


Introducción

La polarización política actual ha llevado a una exacerbación de los discursos sobre seguridad, donde ciertos sectores han instrumentalizado este concepto para promover agendas ideológicas particulares. En este contexto, ha surgido una visión distorsionada de la seguridad que presenta al Estado como un mero guardián de los intereses de unos pocos, en detrimento de los derechos y las necesidades de la mayoría.

La Seguridad como Escudo de la Desigualdad

En la lógica de ciertos sectores conservadores, la seguridad se reduce a la protección de la propiedad privada, a costa de los derechos de los más vulnerables. Esta visión, que podríamos denominar "policial del derecho", presenta a la sociedad como un campo de batalla eterno entre los que tienen y los que no tienen.

En este marco, los inmigrantes, los desposeídos y cualquier grupo social en situación de vulnerabilidad son señalados como la causa de todos los males. Se les atribuye la responsabilidad de los problemas sociales, económicos y culturales, convirtiéndolos en chivos expiatorios. De esta manera, se desvía la atención de las verdaderas causas de la inseguridad, como la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades.

La Construcción del Enemigo Interior

Esta narrativa, que busca generar miedo y polarización, construye un "enemigo interior" al que hay que combatir. Los inmigrantes, los pobres, los disidentes políticos son presentados como una amenaza para la sociedad, justificando así políticas represivas y autoritarias.

Esta estrategia, además de ser profundamente injusta, es contraproducente. Al criminalizar a ciertos grupos sociales, se fomenta la división y el odio, lo que a su vez puede generar más violencia y conflicto.

La Seguridad como Bien Común

La seguridad es un bien común que debe garantizar la vida, la libertad y la integridad de todas las personas, sin distinción. Un Estado de derecho genuino no se limita a proteger los intereses de unos pocos, sino que trabaja para crear las condiciones necesarias para que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida.

La seguridad, en este sentido, implica la creación de un entorno social justo y equitativo, donde todas las personas tengan acceso a oportunidades y recursos. Implica la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, que son, en última instancia, las principales causas de la inseguridad.

Los Límites del Estado Policial

Un Estado que prioriza la seguridad de la propiedad privada por encima de los derechos de las personas corre el riesgo de convertirse en un Estado policial. Un Estado policial es aquel que utiliza la fuerza de manera desproporcionada para reprimir la disidencia y mantener el orden social. Este tipo de Estado, lejos de garantizar la seguridad, la socava, ya que genera un clima de miedo y desconfianza.

Conclusiones

La visión policial de la seguridad, que presenta al Estado como un mero guardián de los intereses de unos pocos, es una perversión de este concepto y debe ser rechazada. La seguridad es un bien común que debe ser garantizado para todas las personas, sin distinción.

Para construir sociedades más seguras y justas, es necesario abordar las causas profundas de la inseguridad, como la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Asimismo, es fundamental promover el diálogo, la tolerancia y el respeto a la diversidad.

viernes, 28 de junio de 2024

Vivienda pública, proporcionada por el Estado, al igual que la sanidad, la educación, la defensa, las pensiones, etc.

 La vivienda pública es un concepto clave en el bienestar social y puede ser tan esencial como otros servicios públicos provistos por el Estado, tales como la sanidad, la educación, la defensa y las pensiones. Vamos a explorar cómo se puede comparar la vivienda pública con estos otros servicios y su importancia en la política social.

 1. **Sanidad**

La sanidad pública asegura que todas las personas tengan acceso a servicios de salud sin importar su situación económica. De manera similar, la vivienda pública busca garantizar que todos tengan un lugar digno donde vivir, independientemente de sus ingresos.

2. **Educación**

La educación pública es fundamental para ofrecer igualdad de oportunidades y promover el desarrollo personal y profesional. La vivienda pública también puede contribuir a esta igualdad de oportunidades, al proporcionar un entorno estable y seguro que favorece el aprendizaje y el desarrollo de los niños.

3. **Defensa**

La defensa pública tiene como objetivo proteger a los ciudadanos y mantener la seguridad nacional. Aunque la vivienda pública no está relacionada directamente con la seguridad nacional, una comunidad bien alojada es menos propensa a sufrir problemas sociales graves, como la delincuencia y la marginalización.

4. **Pensiones**

El sistema de pensiones públicas ofrece seguridad económica a las personas mayores, permitiéndoles vivir dignamente después de la jubilación. La vivienda pública puede complementar este objetivo, al asegurar que las personas mayores tengan acceso a un alojamiento adecuado y asequible, reduciendo así el riesgo de pobreza en la tercera edad.


Importancia de la Vivienda Pública.

- **Reducción de la Desigualdad:** La vivienda pública ayuda a reducir la brecha entre los diferentes niveles de ingresos, proporcionando hogares asequibles a las personas que de otro modo no podrían acceder a ellos.

- **Estabilidad Social:** Una vivienda adecuada es fundamental para la estabilidad social. Las personas con acceso a vivienda pública tienen más probabilidades de mantener un empleo estable, educar a sus hijos y contribuir positivamente a la sociedad.

- **Salud y Bienestar:** La calidad de la vivienda está estrechamente relacionada con la salud. Hogares insalubres pueden provocar enfermedades respiratorias, estrés y otros problemas de salud. La vivienda pública puede mejorar significativamente las condiciones de vida y la salud general de los ciudadanos.

- **Desarrollo Económico:** Invertir en vivienda pública puede estimular la economía, creando empleos en la construcción y mantenimiento de estas viviendas, y permitiendo que las familias gasten más en otras áreas de la economía.

Conclusión

Incluir la vivienda pública en el mismo nivel de prioridad que la sanidad, la educación, la defensa y las pensiones es fundamental para una política social integral. Garantizar el acceso a una vivienda adecuada es un paso esencial para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y para promover una sociedad más justa y equitativa. La vivienda, al igual que la salud y la educación, es un derecho básico que debe ser protegido y promovido por el Estado.

lunes, 24 de junio de 2024

Inspección de habitabilidad de viviendas.

Análisis del segundo punto del pleno del 20 de junio de 2024: Inspección Técnica de Viviendas.

¿Cuánto cuesta hacer una Inspección Técnica de Edificios y quién la paga? 

El precio dependerá de los honorarios de cada técnico. Por lo general el precio medio de una Inspección Técnica de Edificios, está por los 500 euros, aunque dependerá de la superficie de la finca y el inmueble. En edificios muy grandes puede oscilar sobre los 3.000 euros.

El propietario del inmueble o la Comunidad de Propietarios son los que deben hacerse cargo del coste

ITEs de viviendas unifamiliares

Dependiendo de la superficie de la vivienda suele rondar los 200 euros en adelante.

El alcalde de Almonte, P. Bella, ha impuesto una obligación a los propietarios de viviendas en la que se les exige un certificado de habitabilidad, aislamiento térmico, estructura y otras consideraciones que se le han ocurrido. Para ello, los propietarios deberán contratar los servicios de un arquitecto o aparejador.

Si nuestra casa no cumple alguno de los requisitos, se nos instará a realizar las obras necesarias. Quienes no las realicen serán multados. Dada esta obligación impuesta por el alcalde, es muy posible que algunos propietarios no puedan afrontar estos costes.

Todo esto se llevará a cabo de mayor a menor antigüedad, dividiendo a los afectados para evitar protestas multitudinarias. Este alcalde se inmiscuye en nuestras casas, dictándonos cómo debemos vivir.

¿Qué opinará un afectado por estas decisiones arbitrarias de tirano viejo? Es probable que tenga una opinión bastante negativa al respecto. Las siguientes reacciones y preocupaciones podrían surgir:

1. Indignación y Resentimiento Profundos: Los propietarios pueden sentirse indignados y resentidos porque el alcalde está imponiendo reglas que afectan directamente sus hogares y su vida diaria. Sentirían que sus derechos están siendo violados y que se les está diciendo cómo deben vivir. En resumen, podría decirse que “se le ha subido el cargo a la cabeza”.

2. Preocupación Económica: La obligación de obtener diversos certificados y, en caso de incumplimiento, realizar obras de mejora, puede suponer un coste económico significativo. Esto podría ser especialmente problemático para aquellos propietarios con recursos limitados, quienes podrían tener dificultades para financiar estas mejoras. Además, el alcalde parece extralimitarse en sus funciones, lo que genera preocupación sobre futuras decisiones.

3. Sensación de Injusticia: Al dividir a los afectados para evitar protestas multitudinarias, el alcalde puede ser percibido como alguien que está tratando de sofocar la oposición de manera calculada y deshonesta. Esto genera una sensación de injusticia y traición entre los propietarios, quienes sienten que sus preocupaciones están siendo deliberadamente ignoradas.

4. Falta de Comprensión o Justificación: Si las medidas no están justificadas, los propietarios pueden no entender la necesidad de estas exigencias. Podrían sentir que las decisiones del alcalde no tienen una base sólida o que no se han considerado las implicaciones prácticas y financieras para los residentes.

5. Desconfianza en el Gobierno Local: Estas medidas pueden erosionar la confianza de los propietarios en el gobierno local. Comienzan a cuestionar la legitimidad de las decisiones del alcalde y la transparencia de sus intenciones. La desconfianza puede extenderse a otros aspectos de la administración local, generando una atmósfera de sospecha y descontento general.

5. Sentimiento de Abandono: Aquellos que no puedan costear las mejoras pueden sentirse abandonados y desprotegidos por el gobierno local. Pueden percibir que se les impone una carga imposible sin ningún tipo de apoyo o consideración hacia su situación económica y personal.

6. Protestas y Resistencia: Es posible que los propietarios afectados se organicen para protestar contra estas medidas. Podrían buscar apoyo entre vecinos, acudir a los medios de comunicación locales o incluso tomar acciones legales si consideran que sus derechos están siendo vulnerados. A pesar de que el alcalde intente dividir a los afectados, es probable que estos busquen formas de unirse y expresar su descontento. Podrían organizarse para protestar, buscar apoyo en los medios de comunicación o incluso iniciar acciones legales si consideran que sus derechos están siendo violados.

En resumen, un afectado vería estas medidas como un abuso de poder por parte del alcalde, generando indignación, resentimiento y una profunda sensación de injusticia. La imposición de estas obligaciones, especialmente con la amenaza de multas, podría ser vista como un acto tiránico que ignora las realidades económicas y sociales de los propietarios.