Cuando existía el servicio militar obligatorio, quien se declaraba objetor de conciencia debía realizar una prestación social sustitutoria. No solo era más larga que la mili, sino que además implicaba un esfuerzo añadido: el Estado entendía que la objeción era una excepción justificada por convicciones profundas, no un atajo para escaquearse.
Hoy, en cambio, vemos a médicos que se declaran objetores para no practicar abortos en la sanidad pública… pero que luego los realizan sin reparos en sus consultas privadas. En la pública alegan “conciencia”. En la privada, “tarifas”. Su conciencia, al parecer, tiene cuenta bancaria.
Esto no es objeción: es negocio. Es una forma de usar la moral como coartada para restringir derechos a las mujeres mientras se lucran en paralelo. Y el daño no es menor: la falta de profesionales dispuestos a practicar interrupciones voluntarias del embarazo en los hospitales públicos obliga a muchas mujeres a desplazarse, pagar o renunciar a un derecho reconocido por ley.
La objeción de conciencia no puede ser un privilegio selectivo. Si alguien se opone por motivos éticos, debe hacerlo en todos los ámbitos, también en la privada. De lo contrario, no estamos ante una cuestión de principios, sino ante un doble rasero con precio.
El derecho al aborto no se negocia ni se subcontrata. Se garantiza.
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