Bienvenidos a este blog, donde se publicará el trabajo que hace el círculo de política de podemos en Almonte, y contenidos informativos para los ciudadanos.
Román Cuesta, periodista de Diario Red, relató en RTVE la agresión que sufrió. De acuerdo a sus declaraciones y a lo reportado por distintos medios, un grupo de personas lo agredió en su domicilio, por motivos políticos. El incidente ha sido condenado por varias asociaciones de prensa y políticos.
https://www.diariodesevilla.es/andalucia/gobierno-publica-orden-agricultores-donana_0_2004
El Gobierno ha anunciado una medida para frenar el deterioro de Doñana: pagar durante 30 años a quienes renuncien a cultivar en el entorno del Parque. A primera vista, parece una decisión lógica en términos ambientales. Pero cuando rascamos un poco, aparece la trampa: *se compensa con dinero público a quienes gestionaban tierras que no son suyas, sino concesiones del Estado*.
Estamos ante explotaciones agrícolas que, en muchos casos, *ni producían ya directamente ni estaban siendo trabajadas por sus titulares*. Son concesiones otorgadas en su día para usos agrícolas, que ahora pasarán a ser *fuente de ingreso pasivo* durante tres décadas, sin que medie actividad alguna.
Y mientras tanto, *los grandes olvidados son los jornaleros y trabajadores del campo*, aquellos que sí dependían de esas hectáreas para vivir. No habrá compensación para ellos, ni alternativas laborales, ni plan de recolocación. Ni siquiera han sido nombrados.
Esto no es una transición ecológica justa. Es una operación de lavado de cara institucional, que *premia a los de siempre y condena al silencio a quienes sostienen el campo con sus manos*.
Desde *Podemos Almonte* exigimos que:
- Se revise el modelo de compensaciones para incluir a los trabajadores afectados.
- Se garantice que las tierras en concesión vuelvan a tener un uso público o social real.
- Y se construya una transición ecológica que no deje atrás a la clase trabajadora rural.
Salvar Doñana es urgente. Pero hacerlo *sin justicia social* no es sostenibilidad.
Es repetir el modelo de siempre, con una capa de pintura verde.
El Ayuntamiento de Almonte presume de mantener una plantilla amplia en sus presupuestos para 2025. Sin embargo, al mirar con detalle el documento oficial, descubrimos que muchas de esas plazas están vacantes desde hace años: socorristas, monitores, administrativos, conserjes, jardineros…
¿Significa esto que los servicios no se prestan? No. Significa algo peor: se privatizan. Detrás de cada vacante no cubierta encontramos contratos millonarios con empresas externas, desde FCC en limpieza y basuras, hasta contratas privadas para socorrismo, cultura, deporte y mantenimiento.
Estamos ante una privatización encubierta, disfrazada de vacante en el papel. El resultado es siempre el mismo:
Peores condiciones para quienes trabajan.
Más gasto a largo plazo para el Ayuntamiento (beneficio privado incluido).
Menos control público sobre servicios básicos.
En Podemos Almonte creemos que esta estrategia erosiona lo común y debilita el empleo público. Por eso denunciamos que las vacantes del presupuesto son la coartada para externalizar servicios esenciales.
He revisado el documento “Plantilla del Excmo. Ayuntamiento de Almonte 2025”.
Es un listado detallado de los puestos de trabajo del Ayuntamiento, diferenciados por tipología (funcionarios, laborales, eventuales, etc.), con número total de plazas, vacantes y grupo de clasificación.
Habilitación estatal (A1): secretario, interventor y tesorero (todos vacantes).
Administración general:
Técnicos de gestión (25 plazas, 9 vacantes).
Administrativos (106 plazas, 89 vacantes: gran déficit).
Auxiliares administrativos (59 plazas, 10 vacantes).
Otros como auxiliares de biblioteca (4 plazas, todas vacantes).
Administración especial: numerosos responsables y técnicos (urbanismo, medioambiente, servicios sociales, cultura, deportes, turismo, etc.). Se observa un alto número de puestos de responsabilidad vacantes.
Profesionales sociales (psicólogos, trabajadores sociales, educadores, mediadores).
Área deportiva y cultural: monitores deportivos (9), monitores culturales (10), monitores de salvamento (6), socorristas (36, todos vacantes).
Educación infantil: 34 educadoras, 9 vacantes.
Oficios: oficiales de servicios múltiples (23, con 15 vacantes), jardineros, conductores, etc.
También hay muchas plazas vacantes en puestos operativos y de servicio (conserjes, operarios, cuidadores de jardines).
Técnicos de gestión, educadoras infantiles, monitores deportivos y socioculturales, informadores turísticos, operarios, cuidadores de jardines, etc.
7 secretarios administrativos.
Perfiles técnicos de alta cualificación (ingenieros, arquitectos, abogados, sociólogos, psicólogos).
También plazas de educadores/as infantiles y técnicos de turismo y agricultura.
Elevada tasa de vacantes en puestos clave (administrativos, policías, conserjes, monitores, socorristas).
Dependencia de personal temporal para cubrir áreas técnicas (ingeniería, arquitectura, derecho, psicología).
Gran peso del área social, educativa y cultural, con muchas plazas de educadores, monitores y trabajadores sociales.
Servicios operativos deficitarios, especialmente en policía local (85 plazas, 44 vacantes), conserjes (25 plazas, 18 vacantes), socorristas (36 plazas, todas vacantes).
El Ayuntamiento afronta riesgo de falta de personal en áreas básicas (administración, seguridad, servicios municipales) si no convoca oposiciones o consolida plazas.
¿Quieres que te haga un cuadro resumen con el total de plazas y porcentaje de vacantes por área (administración, servicios sociales, seguridad, educación, cultura, oficios) para visualizar mejor dónde están los déficits más graves?
Eso que te contó la socorrista encaja mucho con lo que se ve en el documento: plazas presupuestadas como “vacantes” que no se cubren directamente, sino que se sustituyen con contratos a empresas externas.
Esto pasa mucho en los ayuntamientos de toda España, y tiene varias lecturas:
En los presupuestos se mantiene la “plantilla oficial” para cumplir con la normativa de empleo público.
Pero al no convocarse oposiciones o bolsas, las plazas quedan vacías.
El servicio no puede quedar sin cubrir, así que se contrata fuera (empresas de servicios, contratas, ETTs…).
Privatización encubierta: los servicios se prestan igual, pero no por personal público, sino mediante empresas privadas.
Eso suele significar peores condiciones laborales para quienes trabajan (como tu conocida: salarios más bajos, temporalidad, sin estabilidad).
Para el ayuntamiento, supone menos responsabilidad directa en la gestión del personal, pero a la larga suele salir más caro porque hay que pagar el beneficio empresarial.
Donde hay vacantes masivas en servicios básicos (socorristas, limpieza, monitores, conserjes, policías…), uno puede sospechar de una estrategia de “vaciar” la plantilla pública para justificar la privatización.
Es una forma de debilitar lo público y convertir servicios en negocio privado.
En Andalucía (y especialmente en ayuntamientos medianos y grandes), esto se ha normalizado mucho en los últimos 20 años.
Para la ciudadanía: menos control público sobre la calidad del servicio.
Para la plantilla municipal: envejecimiento (los que quedan son los de carrera, ya mayores) y dificultad de relevo.
Para la juventud trabajadora: precariedad, como en el caso de tu socorrista, que depende de una contrata estacional.
💡 Mi opinión: esas vacantes no son un simple “problema de gestión” sino una decisión política. Si el ayuntamiento quisiera, podría convocar oposiciones o consolidar plazas temporales. El hecho de que prefiera externalizar muestra hacia dónde se orienta el modelo: menos empleo público, más negocio privado.
¿Quieres que cruce las áreas con más vacantes del documento (como socorristas, policía, conserjes, administrativos) con los sectores donde más se está tirando de contratas privadas en los ayuntamientos españoles? Así podrías ver si encaja la hipótesis de “privatización encubierta”.
Perfecto, vamos a cruzar lo que aparece en la plantilla del Ayuntamiento de Almonte 2025 con lo que se sabe de las externalizaciones más comunes en los ayuntamientos españoles.
Administración general (C1 – administrativos):
106 plazas, 89 vacantes.
👉 Suele cubrirse mediante empresas de servicios administrativos o bolsas temporales, incluso externalizando tareas como atención al público o gestión de expedientes.
Policía local:
85 plazas, 44 vacantes (más de la mitad).
👉 Aquí no se puede privatizar la función policial (es exclusiva de funcionarios), pero se parchea con seguridad privada para edificios municipales o eventos, lo que desplaza a la policía local de funciones de presencia/prevención.
Socorristas / Salvamento acuático:
36 plazas, 36 vacantes (100%).
👉 Exactamente lo que te dijo la joven: se cubre 100% con contratas privadas (empresas de socorrismo y salvamento).
Conserjes y operarios:
Conserjes: 25 plazas, 18 vacantes.
Operario–conserje: 11 plazas, todas vacantes.
👉 Muy habitual externalizar a empresas multiservicios que hacen conserjería, mantenimiento y limpieza.
Monitores culturales, deportivos y de escuelas infantiles:
Cultura: 10 vacantes sobre 10.
Deportes: 7 de 9 vacantes en técnicos, y muchos en monitores.
Escuelas infantiles: 9 vacantes de 34 educadoras.
👉 Aquí se tiran de contratas culturales, empresas deportivas o asociaciones subvencionadas, además de personal temporal de programas subvencionados por otras administraciones.
Jardines y limpieza viaria:
Cuidadores de parques y jardines: 19 plazas, 5 vacantes.
Auxiliares de jardines: 15 plazas, 11 vacantes.
Oficiales jardineros: 10 plazas, 7 vacantes.
👉 En casi todos los municipios, mantenimiento de jardines y limpieza son sectores muy privatizados (FCC, Valoriza, Cespa, etc.).
Socorrismo, limpieza, jardinería y conserjería → Son de los servicios municipales más externalizados. El caso de Almonte refleja eso: plazas presupuestadas pero vacantes de facto.
Administración y gestión → Creciente externalización de funciones administrativas a consultoras y empresas de gestión.
Cultura y deporte → Muy frecuente externalizar a empresas, asociaciones o fundaciones.
Policía → No externalizable en lo formal, pero se suple con seguridad privada, lo cual reduce el papel de la policía local en el día a día.
La plantilla de Almonte parece más un catálogo teórico de empleo público que la realidad del personal.
Las vacantes masivas coinciden al milímetro con los sectores más privatizados en España: socorrismo, limpieza, conserjes, monitores culturales/deportivos, jardinería y administrativos de bajo nivel.
Esto no parece casualidad, sino una estrategia de privatización encubierta: mantener las plazas en el papel, pero cubrirlas sistemáticamente con empresas externas.
¿Quieres que te haga un informe comparativo en tabla con:
número de plazas,
% vacantes,
probabilidad de externalización,
para que se vea de un vistazo dónde hay más riesgo de “privatización”?
Te preparé una tabla comparativa con las áreas clave del Ayuntamiento de Almonte: número de plazas, vacantes, porcentaje de vacantes y la probabilidad de que esas vacantes estén siendo cubiertas mediante externalización.
La tabla muestra claramente que los mayores déficits coinciden con los servicios que en España se privatizan más (socorristas, conserjes, jardinería, monitores, etc.).
¿Quieres que además te haga un gráfico visual para que se vea de un vistazo dónde están los mayores agujeros y el riesgo de privatización?
Aquí tienes el gráfico: muestra de un vistazo qué áreas del Ayuntamiento de Almonte tienen más porcentaje de vacantes. Como ves, socorristas, conserjes/operarios y administrativos son los sectores más críticos, con un riesgo muy alto de estar cubiertos por empresas privadas.
¿Quieres que también cruce esto con el gasto municipal en contratas externas (si encuentro los datos públicos), para comprobar si hay correlación directa entre las vacantes y la privatización real?
En democracia, ningún cargo debería ser vitalicio. Los puestos de representación son, por definición, temporales y revocables. Pero en pueblos como Almonte hemos visto cómo algunos alcaldes han convertido la política en un modo de vida.
El ejemplo más claro es Paco Bella, alcalde intermitente pero prácticamente perpetuo de nuestro municipio, que ha hecho del sillón de la alcaldía su residencia habitual.
No estamos hablando de un servidor público que entra, cumple y se va. Estamos hablando de alguien que ha pasado décadas enteras viviendo del presupuesto municipal, como si ser alcalde fuese una profesión hereditaria y no una responsabilidad temporal.
Cuando un político se eterniza en el cargo, el sistema democrático se deforma.
La rotación de responsabilidades desaparece y con ella se diluye la rendición de cuentas. El pueblo deja de ser protagonista y se convierte en espectador.
La limitación de mandatos no es un capricho teórico. Es una herramienta imprescindible para proteger la democracia de sus peores enemigos: el personalismo, el clientelismo y el caciquismo.
Y en Almonte sabemos de qué hablamos.
Durante sus largos años en la alcaldía, Paco Bella ha consolidado un estilo de gobierno basado más en el control que en el servicio, más en el favor que en la justicia.
Ha subido los impuestos a los vecinos en lugar de perseguir el fraude de los alquileres no declarados, que sigue siendo un pozo de ingresos perdidos para el Ayuntamiento.
Ha reforzado redes de dependencia y favores, donde la lealtad personal cuenta más que la capacidad o el mérito.
Ha tratado el consistorio como si fuera un cortijo particular, donde el poder se confunde con la propiedad y el debate real queda silenciado.
En definitiva, un alcalde que no ha entendido que gobernar es servir temporalmente, no vivir de la política durante toda la vida.
El caso de Paco Bella ilustra de forma cruda lo que pasa cuando no existen límites:
el poder se convierte en rutina, la crítica se ahoga, el miedo se instala y la democracia se marchita.
Limitar mandatos significaría:
Evitar la perpetuidad de los mismos rostros en el poder.
Impulsar la renovación y la entrada de nuevas ideas.
Debilitar las redes clientelares que se consolidan con el paso del tiempo.
Recordar a los cargos electos que no son imprescindibles.
La política no debe ser un oficio vitalicio. Quien quiera vivir del poder, se corrompe. Quien entiende que su paso es temporal, deja espacio para que otros continúen la tarea.
El pueblo de Almonte no pertenece a ningún alcalde, y menos aún a quien ha hecho de la alcaldía un trabajo de por vida.
Paco Bella es la demostración de lo que ocurre cuando los límites no existen: el cargo deja de ser un servicio y se convierte en un fin en sí mismo.
La limitación de mandatos no es un lujo: es una necesidad democrática urgente.
Porque solo cuando los sillones dejan de ser tronos heredados, los pueblos pueden respirar aire fresco.
Y porque nadie, por muy conocido que sea su apellido, puede confundirse con el futuro de todo un municipio.
Almonte necesita cambio, oxígeno, alternancia.
Nunca más alcaldes perpetuos.
El reciente vídeo "El Pleno de Almonte: ¿Debate o Monólogo?" ofrece una mirada profunda a las dinámicas y tensiones que marcan las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Almonte, revelando un escenario a menudo más cercano al enfrentamiento que al diálogo constructivo. A través de repetidos debates sobre contratos millonarios y constantes acusaciones de falta de transparencia y coartación de la libertad de expresión, las grabaciones muestran una corporación municipal dividida y un ambiente cargado de reproches.
La Controversia de la Zona Azul: Una Saga Interminable
Uno de los temas más recurrentes y polémicos es la aprobación definitiva del contrato de concesión del servicio de gestión de aparcamientos regulados (ORA) en Matalascañas, conocida como la "zona azul". Este punto ha sido llevado a pleno en nueve ocasiones, generando frustración entre los concejales de la oposición. S e ha señalado que el contrato hipotecará la playa durante 30 años, privatizando todas las calles de Matalascañas en manos de una empresa privada. Los opositores argumentan que esta medida va en contra de la voluntad ciudadana y generará un costo significativo para los vecinos y visitantes, con tarifas diarias que podrían superar los 9 euros.
Las críticas hacia este contrato se centran en:
El Megacontrato del Agua: Un "Dedazo" y Tarifazos
Otro punto de gran controversia ha sido el contrato de concesión de servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración de aguas residuales en los tres núcleos de población: Almonte, El Rocío y Matalascañas. Este contrato, con una duración de 25 años y una recaudación estimada en torno a 208 millones de euros, ha sido calificado de "leonino" por la oposición.
Las acusaciones incluyen:
Un Pleno entre Interrupciones y Expulsiones: ¿Dónde Queda el Debate?
La naturaleza del debate en los plenos ha sido una fuente constante de tensión. Se han producido múltiples interrupciones, llamadas al orden, y en ocasiones, expulsiones de concejales de la oposición. Los concejales no adscritos, tras ser expulsados de su grupo político (PP), han denunciado reiteradamente la vulneración de sus derechos fundamentales, incluyendo la exclusión de comisiones informativas previas y la limitación de sus tiempos de intervención.
El ambiente se ha descrito como "circo mediático", "teatro" o "cachondeo", con acusaciones de censura en la retransmisión de los plenos y de utilizar la televisión municipal de forma partidista. La oposición insiste en que se les niega la oportunidad de "hablar, debatir, confrontar, coincidir" y que el alcalde está "coartando la libertad de expresión de más de la mitad de este pueblo". El alcalde, por su parte, ha defendido su rol de moderador y ha acusado a la oposición de "sembrar dudas", "generar rechazo" y de tener como único objetivo "derrumbar al alcalde".
Finanzas Municipales y la Carga Ciudadana
La gestión económica es otro frente de batalla. La oposición ha acusado al equipo de gobierno de subir los impuestos "indiscriminadamente" y de que "cueste el dinero hasta respirar" a los ciudadanos. La modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por gestión de residuos de obras, que introduce un "impuesto" sobre los escombros, ha sido un ejemplo de ello, a pesar de las explicaciones del equipo de gobierno sobre su legalidad y la necesidad de gestionar un vertedero municipal que ha generado multas y costes.
También se ha criticado la deuda municipal y la necesidad de préstamos, así como la supuesta mala gestión de empresas públicas.
Proyectos Emblemáticos y Prioridades Divergentes
Las diferencias también se manifiestan en la visión de los proyectos. El proyecto "Destino Rocío" de José Manuel Soto ha sido debatido múltiples veces, con la oposición cuestionando su transparencia, el uso de fondos públicos (casi 4 millones de euros de la Junta de Andalucía) y la falta de protagonismo de Almonte en una iniciativa que lleva su nombre.
Otros puntos de fricción incluyen:
En definitiva, las sesiones plenarias de Almonte, tal como se documentan en las grabaciones, se revelan como un campo de batalla político donde las profundas divisiones, los problemas de procedimiento y la lucha por el control de la narrativa pública a menudo eclipsan el verdadero debate sobre los problemas y soluciones para los ciudadanos.
Para comprender en detalle estas dinámicas y la compleja realidad de la política municipal en Almonte, te invitamos a ver el vídeo completo: "El Pleno de Almonte: ¿Debate o Monólogo?".
Hoy quiero que hablemos de un tema fundamental que lastra nuestra democracia y la vida de la gente en Galicia: la obscena y perniciosa relación entre el poder político y el poder económico, especialmente bajo los años de gobierno del Partido Popular. Lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo, no es una cuestión de casos aislados, sino de un patrón sistémico que ha blindado la corrupción, opacado la gobernabilidad y erosionado la confianza ciudadana. Es hora de ponerle nombre y apellido a los hechos y a los corruptores, no solo a los corruptos.
1. Un Origen Oscuro: La Financiación Ilegal y el Narcotráfico
La historia de la financiación del PP gallego (antes Alianza Popular) está directamente ligada al contrabando y al narcotráfico. Entre 1980 y 1990, se documentaron donaciones por más de 1.000 millones de pesetas provenientes de figuras conocidas del narcotráfico como José Ramón 'Nené', Luis Falcón 'Falconetti', Sito Miñancos, y Marcial Dorado, así como de dirigentes del propio partido como Vicente Otero 'Terito'. Manuel Fraga y Mariano Rajoy se reunían directamente con estos individuos para solicitar aportaciones a las campañas, generando incluso una "competición" entre narcotraficantes para ver quién aportaba más dinero.
¿Cuál era el quid pro quo? Este dinero ilegal facilitaba las victorias electorales y, a cambio, se garantizaba la adjudicación de obras e ingresos para empresas privadas. Esto no es un rumor; es un sistema que ha sido explicado detalladamente por ex-secretarios generales de Alianza Popular como Jorge Bestringe.
2. Feijóo y Marcial Dorado: Una Amistad Sospechosa y Contratos Opacos
La relación de Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado es uno de los ejemplos más flagrantes de esta trama. A pesar de que Dorado fue detenido en 1990 en la Operación Nécora y en 2003 por un cargamento de cocaína de seis toneladas –hechos ampliamente conocidos en Galicia y por los medios nacionales–, Feijóo mantuvo una estrecha relación durante muchos años, con Dorado pagando sus vacaciones y ofreciéndole su yate. Las afirmaciones de Feijóo de que "no sabía" a qué se dedicaba Dorado son desmentidas por la evidencia y el sentido común.
Y lo más grave: durante la etapa de Feijóo en la Xunta, empresas de Marcial Dorado tuvieron transacciones económicas y contratos con la administración gallega, como la compra de gasóleo para instalaciones sanitarias. Cuando se ha intentado fiscalizar esto, los expedientes "desaparecieron" por una supuesta inundación, impidiendo cualquier tipo de fiscalización o acceso a la información.
3. El Blindaje Informativo y la Opacidad Financiera
La Xunta de Galicia, bajo el gobierno del PP, ha perfeccionado el arte de la opacidad y el blindaje informativo. Utilizan su mayoría absoluta en el Parlamento gallego para negar sistemáticamente cualquier información solicitada por la oposición sobre temas de corrupción.
Un ejemplo reciente es el "caso Montoro" en Galicia: la Xunta abonó 172.838 € a la consultora Equipo Económico, vinculada a Cristóbal Montoro, entre 2008 y el mandato de Feijóo. ¿Qué servicios justificaron este desembolso de dinero público? A pesar de las peticiones de diputados del BNG, no se han detallado los servicios ni entregado los informes "financieros fiscales" que supuestamente se pagaron. Este patrón de pagos por informes sin contenido claro es una vía para justificar gastos opacos de fondos públicos.
4. Nepotismo y Contratos a Dedo: El Caso Eulen
El nepotismo descarado es otra pata de este sistema. El caso Eulen es paradigmático: la hermana de Feijóo fue ascendida a directora de la sección noroeste de la empresa mientras esta veía un incremento masivo en sus contratos con la Xunta y ayuntamientos del PP. Eulen, una empresa inicialmente de limpieza, pasó a gestionar redes de bibliotecas y teatros sin experiencia previa, facturando 36 millones de euros durante los 13 años de Feijóo en la presidencia.
Este esquema no solo es un reparto de favores, sino que tiene ramificaciones mediáticas: Eulen ha financiado medios como Astur Oír y el canal "Estado de Alarma" de Javier Negre. De hecho, la Xunta de Galicia, bajo Feijóo, concedió 50.000 € a dedo y "troceados ilegalmente" a "Estado de Alarma". Cuando la oposición ha intentado fiscalizar estos contratos en el Parlamento Gallego, el PP ha rechazado sistemáticamente cualquier investigación.
5. Puertas Giratorias y la Impunidad de los "Corruptores"
El sistema también asegura que aquellos implicados en la corrupción no queden desamparados. Feijóo, siendo consejero, recolocó a Pablo Crespo (ex-responsable de organización del PP de Galicia y figura clave de la trama Gürtel) en el Consejo de Administración de Puertos de Galicia, con un sueldo muy importante. Su consejería también facilitó inversiones millonarias a constructoras como Hispánica, cuyo expresidente estaba imputado en la trama Gürtel.
Lo más preocupante es la falta de contundencia de la justicia contra las empresas corruptoras. Grandes corporaciones como Acciona, implicadas en casos de corrupción, a menudo escapan de responsabilidades significativas. Personas condenadas por torturas, como el coronel Manuel Sánchez Corbi, acaban como responsables de seguridad en empresas como Acciona, evidenciando cómo el sistema recompensa a figuras problemáticas con puestos de poder en el ámbito privado.
6. Control Mediático y Fraude Electoral
Para mantener este sistema, el PP ha ejercido un ferreo control sobre los medios de comunicación públicos gallegos. Los trabajadores de la televisión y radio públicas han denunciado repetidamente la manipulación informativa. Además, el PP ha accedido al poder divulgando informes falsos sobre el "despilfarro" del gobierno anterior, que luego se demostraron ser mentiras.
Incluso prácticas como el "carretaxe" (traslado de personas, a menudo mayores, para votar con "sobres en la mano") y el registro ilegal de votantes en municipios para ganar elecciones por un margen estrecho han sido señaladas como parte de su estrategia. Cuando se les pregunta por los múltiples casos de corrupción en ayuntamientos bajo su mandato, la respuesta de Feijóo ha sido cínica: se apoyan en el voto para "hacer lo que quieren", argumentando que si se les vota, esto confirma la "licitud" de su actuación.
Conclusión: Es Urgente Más Democracia y Transparencia
Lo que hemos visto en Galicia bajo los gobiernos del PP es un ejemplo de cómo la corrupción se institucionaliza y se blinda, socavando los pilares de la democracia: la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia social. Esta relación simbiótica entre políticos y empresarios no solo distorsiona la competencia y despilfarra dinero público, sino que mina la confianza ciudadana en nuestras instituciones.
Es fundamental que sigamos denunciando estas prácticas, exigiendo la aplicación real de las leyes de transparencia y memoria democrática, y luchando por un modelo de gobernabilidad que ponga los intereses de la ciudadanía por delante de los negocios de unos pocos. No podemos permitir que el "usted debería saber" se convierta en una historia secuestrada. La información es un arma revolucionaria, y es nuestro deber difundirla para que la verdad salga a la luz.
Apropiándose del voto de Podemos cuando fueron juntos en listas conjuntas, pero relegando a sus representantes a puestos sin opciones reales.
Negándoles recursos y apoyo institucional una vez asentados en las administraciones y con las subvenciones en la mano.
El resultado: Podemos reducido a 4 diputados por la colocación deliberada en listas que restaban opciones.
Ahora, con Podemos debilitado, vuelven a hablar de “unidad” y de tener en cuenta las presencias institucionales. Saben que su fuerza actual no es propia: se sostiene sobre el parasitismo político practicado a Podemos. Sin ese apoyo forzado, tienen pocas posibilidades de mantener sus poltronas.
Los maltratadores siempre vuelven, prometiendo que “esta vez será distinto”. Y siempre con el mismo chantaje: “si no nos unimos, viene la ultraderecha”. Incluso nos señalan ya como culpables de un posible avance reaccionario.
Pero Podemos no puede repetir el error. Somos los bolcheviques de nuestro tiempo y no debemos entregarnos a los mencheviques de hoy. La historia se repite como farsa, y esta vez no vamos a cambiarnos cromos en la cúpula para salvar a quienes se dedicaron a debilitarnos.
Memoria, dignidad y autonomía política.
La narrativa oficial sobre los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki ha sido debatida durante décadas. Más allá del argumento de que estas acciones forzaron la rendición de Japón y pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial, hay una interpretación crítica que cuestiona los motivos reales detrás de la selección de estas ciudades como blancos nucleares.
Una de las razones por las que Hiroshima y Nagasaki fueron seleccionadas fue precisamente porque no habían sido devastadas por ataques aéreos anteriores. Esto no fue casualidad. Estas ciudades ofrecían condiciones ideales para observar el efecto puro de una bomba nuclear sin interferencias externas:
Infraestructura intacta: No estaban arrasadas, lo que permitía medir con claridad los daños causados exclusivamente por la explosión atómica.
Tamaño y diseño urbano adecuados: Eran ciudades medianas, con estructuras representativas y densamente pobladas, ideales para evaluar la capacidad destructiva de la nueva arma.
Esto llevó a algunos analistas a considerar que, más que una acción militar urgente, los bombardeos fueron también un experimento con variables cuidadosamente controladas.
El Comité de Objetivos del Proyecto Manhattan discutió extensamente cuáles serían las mejores ciudades para lanzar la bomba. En actas y documentos desclasificados, se menciona a Hiroshima como una ciudad con importancia militar, pero también como un lugar donde los “efectos de la bomba podrían observarse mejor”.
Nagasaki ni siquiera fue la primera opción. Originalmente no estaba en la lista principal, pero fue atacada el 9 de agosto de 1945 debido a condiciones climáticas desfavorables en otros objetivos. Su inclusión de último momento refuerza la idea de que se buscaban oportunidades para probar el arma en condiciones “útiles”.
Muchos historiadores no niegan que EE.UU. buscaba la rendición de Japón, pero también sugieren que había un interés geopolítico más amplio: enviar un mensaje de poder a la Unión Soviética en el inicio de lo que sería la Guerra Fría.
Además, en el verano de 1945, Japón ya había dado señales de que buscaba negociar una rendición, aunque con condiciones. Esto ha llevado a algunos críticos a preguntarse si las bombas eran realmente necesarias o si su uso fue una demostración deliberada de fuerza, disfrazada de necesidad militar.
Hoy, la pregunta persiste: ¿fueron Hiroshima y Nagasaki bombardeadas por necesidad militar o como parte de una estrategia científica y geopolítica?
La respuesta no es simple. Pero los hechos apuntan a que hubo una cuidadosa selección de blancos que favoreciera no solo un impacto inmediato, sino también una observación detallada de los efectos de la bomba. A 80 años de esos ataques, sigue siendo fundamental cuestionar no solo qué ocurrió, sino por qué ocurrió.
Hace unos meses, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, propuso que los trabajadores cobren el sueldo bruto completo y sean ellos mismos quienes paguen sus cotizaciones a la Seguridad Social. En apariencia, puede sonar bien: “Más transparencia”, “más libertad”, “mayor responsabilidad individual”. Pero bajo ese envoltorio tecnocrático y amable se esconde una maniobra que, de aplicarse, supondría un paso atrás histórico en derechos laborales y protección social.
Haz clic en la imagen para verla mejor.
Tabla comparativa que muestra las diferencias clave entre países con sistemas de pensiones privatizados y el modelo público de reparto como el de España. Los datos destacan cómo los modelos privatizados ofrecen menores pensiones medias, menos cobertura y trasladan más riesgo al trabajador.
Actualmente, las cotizaciones sociales en España se reparten entre empresa y trabajador. La empresa paga una parte importante (alrededor del 30% del salario bruto) a la Seguridad Social, y el trabajador otra parte menor (entre el 6-7%) que ya se descuenta de su nómina.
La propuesta de Garamendi consiste en que ese pago salga directamente del bolsillo del trabajador. Es decir, que te den el bruto en mano y tú hagas frente a todas las cotizaciones. ¿Resultado? En la práctica, la empresa se libera de su responsabilidad y reduce sus costes laborales, sin ninguna garantía de que el trabajador vea realmente ese dinero extra reflejado en su sueldo neto.
No hay garantía alguna de que eso ocurra. Y si ocurre, será probablemente una vez y nunca más. Con el tiempo, el empresario alegará que ya estás cobrando mucho (porque te paga el bruto completo) y no habrá subidas salariales. Pero además, los trabajadores tendrán que gestionar directamente sus pagos a la Seguridad Social, lo que abre la puerta a retrasos, errores, y falta de aportaciones en caso de crisis económica, precariedad o simplemente desconocimiento.
Lo que proponen es traspasar toda la carga y el riesgo al trabajador, mientras la empresa queda al margen.
No hay que ir muy lejos para ver los efectos de ideas similares. Países que han privatizado parcial o totalmente su sistema de pensiones y cotizaciones nos ofrecen un espejo preocupante.
Haz clic en la imagen para verla mejor.
Este gráfico de barras muestra claramente cómo el sistema público de reparto en España ofrece una pensión media mucho más alta (72% del último salario) en comparación con los modelos privatizados de Chile, México y Estados Unidos, donde las pensiones no alcanzan ni el 40%.
Chile privatizó su sistema de pensiones en 1981 durante la dictadura de Pinochet, bajo asesoría de economistas de la escuela de Chicago. El sistema fue reemplazado por cuentas individuales gestionadas por entidades privadas (AFP). ¿El resultado después de 40 años?
El 72% de los jubilados recibe pensiones inferiores al salario mínimo.
Solo un 7% recibe una pensión igual o superior al sueldo promedio.
Los fondos de pensiones, mientras tanto, generan enormes beneficios para los bancos y gestoras, no para los trabajadores.
La desigualdad aumentó, la cobertura bajó y el malestar social fue tal que el sistema tuvo que empezar a reformarse en 2022, tras décadas de movilizaciones.
En 1997, México también sustituyó su sistema de reparto por cuentas individuales administradas por las AFORES. Al igual que en Chile, la promesa fue mayor eficiencia, mejores pensiones, más libertad.
Pero los hechos son contundentes:
La mayoría de las pensiones actuales no alcanzan ni el 30% del último salario del trabajador.
La gente se jubila más tarde, cobra menos y vive con más incertidumbre.
El Estado ha tenido que volver a intervenir porque los fondos privados no garantizan pensiones dignas.
EE.UU. tiene un sistema público limitado (Social Security), y muchos trabajadores dependen de planes privados o de ahorro individual como el 401(k). La consecuencia es un sistema profundamente desigual:
Más del 40% de los estadounidenses no tiene ningún ahorro para la jubilación.
Millones de trabajadores mayores siguen trabajando porque no pueden permitirse jubilarse.
Los que dependen de fondos privados están expuestos a los vaivenes del mercado: una crisis financiera puede arrasar con sus ahorros.
España ha logrado construir uno de los sistemas públicos de protección social más sólidos de Europa. Las cotizaciones sociales no solo sirven para las pensiones: financian también la sanidad pública, el desempleo, las bajas por enfermedad o maternidad, las prestaciones por incapacidad... Y sí, también el futuro de todos.
Transferir toda esa responsabilidad al individuo es desprotegerlo. Es dejar al trabajador solo ante el riesgo, mientras las empresas reducen su aportación. Y es abrir la puerta a la precarización permanente.
Esta propuesta no va solo de números. Va de ideología. Es parte de un proyecto de reducción del Estado social, pero sin renunciar a los beneficios que las grandes empresas obtienen gracias a él: carreteras, educación, estabilidad jurídica, rescates financieros cuando hay crisis…
Es el clásico “Responsabilidad para ti, libertad para mí”: desregular lo público, precarizar lo común y socializar los riesgos… pero solo para los de abajo
La idea de que recibir el sueldo bruto es una mejora para el trabajador es una ficción peligrosa. En realidad, es un paso hacia la privatización encubierta del sistema de protección social.
Ya sabemos a dónde lleva eso: menos pensiones, más desigualdad, más pobreza.
No se trata de modernizar nada. Se trata de quitarle derechos a la clase trabajadora para que las empresas ganen más.
Y eso no es progreso. Es retroceso.
#NoALaTrampaDelBruto
#SeguridadSocialNoSeToca
#TusDerechosNoSeRegalan
