Hace unos meses, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, propuso que los trabajadores cobren el sueldo bruto completo y sean ellos mismos quienes paguen sus cotizaciones a la Seguridad Social. En apariencia, puede sonar bien: “Más transparencia”, “más libertad”, “mayor responsabilidad individual”. Pero bajo ese envoltorio tecnocrático y amable se esconde una maniobra que, de aplicarse, supondría un paso atrás histórico en derechos laborales y protección social.
¿Cuál es la trampa?
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Tabla comparativa que muestra las diferencias clave entre países con sistemas de pensiones privatizados y el modelo público de reparto como el de España. Los datos destacan cómo los modelos privatizados ofrecen menores pensiones medias, menos cobertura y trasladan más riesgo al trabajador.
Actualmente, las cotizaciones sociales en España se reparten entre empresa y trabajador. La empresa paga una parte importante (alrededor del 30% del salario bruto) a la Seguridad Social, y el trabajador otra parte menor (entre el 6-7%) que ya se descuenta de su nómina.
La propuesta de Garamendi consiste en que ese pago salga directamente del bolsillo del trabajador. Es decir, que te den el bruto en mano y tú hagas frente a todas las cotizaciones. ¿Resultado? En la práctica, la empresa se libera de su responsabilidad y reduce sus costes laborales, sin ninguna garantía de que el trabajador vea realmente ese dinero extra reflejado en su sueldo neto.
¿Y si prometen subir el sueldo para compensar?
No hay garantía alguna de que eso ocurra. Y si ocurre, será probablemente una vez y nunca más. Con el tiempo, el empresario alegará que ya estás cobrando mucho (porque te paga el bruto completo) y no habrá subidas salariales. Pero además, los trabajadores tendrán que gestionar directamente sus pagos a la Seguridad Social, lo que abre la puerta a retrasos, errores, y falta de aportaciones en caso de crisis económica, precariedad o simplemente desconocimiento.
Lo que proponen es traspasar toda la carga y el riesgo al trabajador, mientras la empresa queda al margen.
¿Dónde se ha aplicado algo parecido?
No hay que ir muy lejos para ver los efectos de ideas similares. Países que han privatizado parcial o totalmente su sistema de pensiones y cotizaciones nos ofrecen un espejo preocupante.
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Este gráfico de barras muestra claramente cómo el sistema público de reparto en España ofrece una pensión media mucho más alta (72% del último salario) en comparación con los modelos privatizados de Chile, México y Estados Unidos, donde las pensiones no alcanzan ni el 40%.
1. Chile – El laboratorio del neoliberalismo
Chile privatizó su sistema de pensiones en 1981 durante la dictadura de Pinochet, bajo asesoría de economistas de la escuela de Chicago. El sistema fue reemplazado por cuentas individuales gestionadas por entidades privadas (AFP). ¿El resultado después de 40 años?
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El 72% de los jubilados recibe pensiones inferiores al salario mínimo.
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Solo un 7% recibe una pensión igual o superior al sueldo promedio.
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Los fondos de pensiones, mientras tanto, generan enormes beneficios para los bancos y gestoras, no para los trabajadores.
La desigualdad aumentó, la cobertura bajó y el malestar social fue tal que el sistema tuvo que empezar a reformarse en 2022, tras décadas de movilizaciones.
2. México – La reforma que empobreció a los jubilados
En 1997, México también sustituyó su sistema de reparto por cuentas individuales administradas por las AFORES. Al igual que en Chile, la promesa fue mayor eficiencia, mejores pensiones, más libertad.
Pero los hechos son contundentes:
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La mayoría de las pensiones actuales no alcanzan ni el 30% del último salario del trabajador.
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La gente se jubila más tarde, cobra menos y vive con más incertidumbre.
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El Estado ha tenido que volver a intervenir porque los fondos privados no garantizan pensiones dignas.
3. Estados Unidos – Un sistema fragmentado y excluyente
EE.UU. tiene un sistema público limitado (Social Security), y muchos trabajadores dependen de planes privados o de ahorro individual como el 401(k). La consecuencia es un sistema profundamente desigual:
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Más del 40% de los estadounidenses no tiene ningún ahorro para la jubilación.
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Millones de trabajadores mayores siguen trabajando porque no pueden permitirse jubilarse.
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Los que dependen de fondos privados están expuestos a los vaivenes del mercado: una crisis financiera puede arrasar con sus ahorros.
¿Queremos importar esto a España?
España ha logrado construir uno de los sistemas públicos de protección social más sólidos de Europa. Las cotizaciones sociales no solo sirven para las pensiones: financian también la sanidad pública, el desempleo, las bajas por enfermedad o maternidad, las prestaciones por incapacidad... Y sí, también el futuro de todos.
Transferir toda esa responsabilidad al individuo es desprotegerlo. Es dejar al trabajador solo ante el riesgo, mientras las empresas reducen su aportación. Y es abrir la puerta a la precarización permanente.
¿Qué hay detrás de esta propuesta?
Esta propuesta no va solo de números. Va de ideología. Es parte de un proyecto de reducción del Estado social, pero sin renunciar a los beneficios que las grandes empresas obtienen gracias a él: carreteras, educación, estabilidad jurídica, rescates financieros cuando hay crisis…
Es el clásico “Responsabilidad para ti, libertad para mí”: desregular lo público, precarizar lo común y socializar los riesgos… pero solo para los de abajo
Conclusión: no caigamos en la trampa
La idea de que recibir el sueldo bruto es una mejora para el trabajador es una ficción peligrosa. En realidad, es un paso hacia la privatización encubierta del sistema de protección social.
Ya sabemos a dónde lleva eso: menos pensiones, más desigualdad, más pobreza.
No se trata de modernizar nada. Se trata de quitarle derechos a la clase trabajadora para que las empresas ganen más.
Y eso no es progreso. Es retroceso.
#NoALaTrampaDelBruto
#SeguridadSocialNoSeToca
#TusDerechosNoSeRegalan
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