Compensaciones en Doñana: tierras públicas, paguitas privadas y jornaleros olvidados

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El Gobierno ha anunciado una medida para frenar el deterioro de Doñana: pagar durante 30 años a quienes renuncien a cultivar en el entorno del Parque. A primera vista, parece una decisión lógica en términos ambientales. Pero cuando rascamos un poco, aparece la trampa: *se compensa con dinero público a quienes gestionaban tierras que no son suyas, sino concesiones del Estado*.

Estamos ante explotaciones agrícolas que, en muchos casos, *ni producían ya directamente ni estaban siendo trabajadas por sus titulares*. Son concesiones otorgadas en su día para usos agrícolas, que ahora pasarán a ser *fuente de ingreso pasivo* durante tres décadas, sin que medie actividad alguna.

Y mientras tanto, *los grandes olvidados son los jornaleros y trabajadores del campo*, aquellos que sí dependían de esas hectáreas para vivir. No habrá compensación para ellos, ni alternativas laborales, ni plan de recolocación. Ni siquiera han sido nombrados.

Esto no es una transición ecológica justa. Es una operación de lavado de cara institucional, que *premia a los de siempre y condena al silencio a quienes sostienen el campo con sus manos*.

Desde *Podemos Almonte* exigimos que:

- Se revise el modelo de compensaciones para incluir a los trabajadores afectados.

- Se garantice que las tierras en concesión vuelvan a tener un uso público o social real.

- Y se construya una transición ecológica que no deje atrás a la clase trabajadora rural.

Salvar Doñana es urgente. Pero hacerlo *sin justicia social* no es sostenibilidad.  

Es repetir el modelo de siempre, con una capa de pintura verde.