Doñana no es un negocio, es nuestra tierra: ¿quién se beneficia del agua mientras los jornaleros sufren?

Pueblos de Almonte y de toda la provincia de Huelva:

Desde el círculo de Podemos Almonte, queremos hablar claro sobre el futuro de nuestra tierra, el agua que la sustenta y la gente que la trabaja. La noticia de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha convocado la primera sesión de la Junta de Explotación de la masa de agua subterránea de La Rocina, un paso clave para establecer un control de extracciones, es un recordatorio de que Doñana está en peligro. Y con Doñana, peligra nuestro futuro.

No nos engañemos, la situación es grave. La UNESCO nos ha vuelto a dar un toque de atención, la comunidad científica lleva años alertando de que el acuífero que alimenta al Parque Nacional está sobreexplotado. Se ha declarado "en riesgo de no alcanzar el buen estado" a tres de las cinco masas de agua subterránea del acuífero, y se están barajando reducciones de riego de hasta el 15% para los próximos años. El agua es un derecho, no un negocio.

Pero, ¿quién paga las consecuencias? Cuando se habla de compensaciones por las restricciones de agua, siempre se olvida a los que más sufren: los jornaleros. Esos trabajadores y trabajadoras que, día a día, se dejan la piel en el campo para que otros se enriquezcan. Se habla de compensaciones para los empresarios, para los fondos de inversión (esos "fondos buitre" que cada vez acaparan más terreno), para los propietarios de grandes fincas, pero se ignora por completo a las miles de familias que viven del jornal.

Esos mismos empresarios y fondos de inversión que han explotado el acuífero de manera insostenible, que han ignorado las advertencias, ahora serán los primeros en recibir ayudas y subvenciones para "adaptarse" a las nuevas restricciones. Mientras tanto, el trabajador, la pieza más vulnerable de esta cadena, se quedará sin trabajo, sin ingresos y sin un futuro claro.

Desde Podemos Almonte, alzamos la voz. Exigimos que cualquier plan de actuación para recuperar el acuífero de Doñana incluya de manera prioritaria la protección y compensación de los trabajadores agrícolas. El Plan de la Fresa y la ley de los regadíos de la Junta de Andalucía, solo se preocupan de legalizar lo ilegal.

El futuro de Doñana no se puede construir sobre la precariedad de los que la trabajan. Nuestra lucha no es solo por la conservación de un espacio natural único, sino también por la justicia social y el bienestar de las personas de nuestra comarca. El agua es un bien común que debe ser gestionado para el bien de todos, no para el lucro de unos pocos.