El tabaco no solo mata, también enriquece a unos pocos a costa de la mayoría. En España provoca **95.526 muertes al año**, y la sanidad pública destina **8.000 millones de euros** a atender enfermedades relacionadas con su consumo. Y eso sin contar los costes indirectos: bajas laborales, incapacidades y muertes prematuras, que elevan la factura social a más de **15.000 millones de euros anuales**.
Mientras tanto, el Estado recauda entre **9.000 y 10.000 millones de euros** en impuestos del tabaco. La aritmética parece simple: “se ingresa más de lo que se gasta”. Pero esta visión es cínica y tramposa.
## La verdad detrás del negocio
* El supuesto “beneficio fiscal” se construye sobre la **muerte y sufrimiento de la ciudadanía**.
* El Estado se hace cómplice de las tabacaleras porque su adicción a los impuestos es tan fuerte como la adicción que generan sus productos.
* La sociedad, en cambio, es la gran perdedora: menos salud, menos calidad de vida y una economía debilitada.
## ¿Quién se beneficia?
Las grandes tabacaleras, que continúan acumulando beneficios multimillonarios mientras externalizan los costes a la sanidad pública. Y los gobiernos, que en lugar de enfrentarse a este lobby, lo toleran porque la recaudación les asegura ingresos fáciles.
En esta ecuación, la ciudadanía es un mero peón:
* Consumidores convertidos en **clientes cautivos** de una droga legal.
* Trabajadores que ven su salud destruida mientras la empresa privada se enriquece.
* Contribuyentes que pagan dos veces: en impuestos y en deterioro de los servicios sanitarios.
## Un Estado dependiente
La dependencia del tabaco es política, no solo física. Mientras la recaudación sea cómoda, los gobiernos no tendrán prisa por impulsar políticas valientes:
* Subir los impuestos hasta hacer del tabaco un producto de lujo.
* Financiar de forma plena los tratamientos para dejar de fumar.
* Prohibir su consumo en todos los espacios públicos, como ya ocurre en otros países.
## La disyuntiva
El tabaco es un ejemplo claro de cómo funciona el capitalismo: **beneficio privado, pérdidas socializadas**. Mueren 95.000 personas cada año, se pierden miles de millones en productividad y la sanidad se desangra, pero el negocio sigue intacto.
La pregunta es clara: ¿vamos a seguir permitiendo que el Estado sea socio de las tabacaleras, o vamos a exigir una política que ponga la salud de la gente por encima de los beneficios?
👉 **La izquierda tiene el deber de denunciar esta connivencia.** Porque mientras el Gobierno siga financiándose con la muerte, no habrá una verdadera política de salud pública.?
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